Desde el 2018, el Perú cuenta con el decreto legislativo N° 1352 que modifica la ley N° 30424, la cual incorpora seis nuevas modalidades de delito referidas a corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y aplica a las entidades del estado y empresas privadas.

Esta nueva legislación plantea que las organizaciones son responsables por los actos de sus empleados y representantes e incluye las sanciones a personas jurídicas por el delito de cohecho activo (soborno) transnacional. Asimismo, establece que, para minimizar el riesgo ante los delitos tipificados se debe implementar un modelo de prevención que promueva el cambio de la cultura interna en la organización y que considere las normas de buen gobierno corporativo.